|
La presentación de medias verdades como si
fuesen la verdad total y única, así como el expreso objetivo de
oficialistas y opositores de adelantar la elección del 2009 subordinando a
esto la resolución del conflicto agropecuario, termina por imponer
discusiones falaces, promueve confrontaciones estériles y conduce el
conflicto planteado a un peligroso camino sin salida.
Es una 'verdad a medias' la formulada por la presidenta Cristina Kirchner,
cuando en su discurso sostuvo el carácter redistributivo de las
retenciones. Verdad a medias, ya que si bien esto es cierto, el sentido de
la redistribución (o sea, a quién se le saca y a quién se le da) se define
en el contexto más general de la política económica y no en el instrumento
específico de la retención. No es lo mismo un sistema de retenciones
articulado con la operatoria de una Junta Nacional de Granos, de Carne, de
producciones regionales asociadas con un Estado que regula el
abastecimiento del mercado interno y que controla el comercio exterior,
que el esquema actual en el que las retenciones sirven para construir un 'superavit
fiscal' cuyo destino es el 'pago de deuda pública', la compra de divisas
para sostener la 'cotización del dólar' y, por lo tanto, la renta de los
exportadores y el aliento con subsidios al núcleo más concentrado de la
economía. Menos aún, si se articulan con compensaciones a los productores
que –durante el 2007- ascendieron a $ 1.400 millones, de los cuales, más
del 55 % se concentraron en apenas 10 empresas (Ejemplo: La Serenísima,
Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza,
Cargill, etcétera). Así, cada una de ellas se apropió de $ 80 millones
mientras 32.000 productores recibieron en promedio apenas $ 2 millones.
No son las retenciones las que están en discusión. Menos aún si se trata
de retenciones móviles, si discriminan contra la soja y a favor del maíz y
el trigo o incluso, si se aplican en un contexto donde los precios
internacionales han subido por encima de las mismas. Podrá discutirse la
oportunidad, la magnitud, cómo se las segmenta para que impacten de manera
diferencial según el tamaño y capacidad de los productores o cómo se
coparticipan los recursos que con ellas se obtienen. Pero es razonable su
uso para captar rentas extraordinarios que surgen del movimiento de los
precios internacionales y no del esfuerzo del productor, así como para
diferenciar precios internos de internacionales. Pero lo que no puede
olvidarse es que es el contexto general en el que se aplican el que define
el modo en que las mismas repercuten sobre los distintos actores de la
actividad agropecuaria. Actividad esta cuya diversidad es tal, que
transforma en irrelevantes las afirmaciones que hablan de la 'rentabilidad
del sector', sin precisar entre quienes ocupan posiciones dominantes en
este negocio (grandes propietarios, pools de siembra, exportadores,
proveedores de insumos tecnología) y quienes tienen un lugar subordinado y
de mayor debilidad. Hablar de 'rentabilidad del sector agropecuario' y no
precisar (tal cual lo hizo la Presidenta) conduce irremediablemente a no
entender ni dimensionar lo que está ocurriendo en las rutas y pueblos del
país.
Sostenemos, por lo tanto, que lo que está en debate no es el uso de las
retenciones sino la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo
Agropecuario que replantee el modelo 'sojero' que se afirmó en la
Argentina en los últimos 20 años. Un modelo sojero que se sostiene en
condiciones de alta concentración , expresadas en el hecho objetivo de que
936 propietarios controlan 35 millones de hectáreas, a razón de 38.000 ha
cada uno, mientras casi 150.000 propietarios tiene 2.200.000 ha, a razón
de 16 ha cada uno. Concentración que se expresa, también, en la 'nueva
oligarquía' que se va consolidando con no más de 2.000 productores que
controlan más del 60 % del producido de la soja y que incluye,
dominantemente, a pools de siembra, por lo tanto, a sociedades productivas
que no necesariamente ejercen el control sobre la tierra pero que manejan
capital, insumos y que arrendando campos se transforman en jugadores
principales del negocio agropecuario. Nombres como Urquía (que tiene tren
y puerto propio, además de una planta de biodiesel subsidiada por el
Estado), Foganti, Olmedo o El Tejano son expresiones concretas que han
dado vida incluso a un nuevo agrupamiento empresarial como AAPRESID.
Modelo sojero que, además de destruir empleo (genera un puesto de trabajo
cada 500 ha mientras que la economía familiar genera 35 puestos por cada
100 ha) y elevar el tamaño medio de las explotaciones (para que una unidad
económica sea autosuficiente se requieren más de 500 ha), tiende a
especializar a nuestro país en la exportación de forraje (pasto-soja) con
destino a países como China, India o la Unión Europea deteriorando
actividades como la ganadería, lácteos, ovinos, porcinos, frutas,
hortalizas y demás producciones regionales.
Modelo sojero que depreda el habitat condenando a la muerte a las
comunidades aborígenes y que incluso persigue y desplaza a punta de
pistola a campesinos y aborígenes en la búsqueda por incorporar, a
cualquier precio, nuevas tierras para la producción de soja.
Es la ausencia de políticas específicas que no se hagan cargo de estos
problemas lo que explica la envergadura de los cortes que se realizan hoy
a lo largo y a lo ancho del país. En concreto, el Gobierno nacional está
pagando el precio de la bronca acumulada de pequeños y medianos
productores por la sociedad que desde hace 5 años mantiene con el 'modelo
sojero', con exclusivos fines fiscales. Es por esto que no existió nunca
un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y que resulta casi 'perverso'
escuchar ahora (como dice el discurso oficial) que el aumento en las
retenciones era la primera medida de una estrategia general, que no se
pudo anunciar por el paro de las entidades del campo. ¿No era más fácil
convocar a las entidades para plantearles la estrategia integral y luego
hacer los anuncios? ¿Si no hubo estrategia alguna en la dirección que se
plantea, por qué habría que creer que esto es cierto? Nadie puede,
sensatamente, ver sólo a 'responsables de la oligarquía' en las rutas.
Está claro que son los pequeños y medianos productores los que están
sosteniendo el conflicto. Es falsa y mentirosa la consigna que pretende
confrontar a un supuesto gobierno popular (el actual) versus el 'campo
oligárquico'. En la práctica, el Gobierno ha sido socio de la 'patria
sojera' durante los últimos cinco años y lo único que pretende es elevar
su participación en la sociedad (más recursos fiscales), ya que avizora
necesidades mayores en materia fiscal, habida cuenta de la crisis
internacional.
Es cierto, y a nadie puede escapársele, que hay actores que pretenderán
transformar el conflicto en lo que no es. Cierto es también que hay
organizaciones vinculadas al campo (por caso, la Sociedad Rural) con
historial nefasto y golpista, así como sectores del 'establishment' que
buscarán que este conflicto sirva para 'cercenar la experiencia
democrática' y derechizar la gestión gubernamental. Pero lo que resuelve y
evita esta perspectiva es la capacidad de abrir una instancia de diálogo
en base a dos objetivos que deben ser centrales:
RECUPERAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y MEJORAR EL PODER ADQUISITIVO DE LA
POBLACION.
Esto exige la puesta en marcha de un Plan
Nacional de Desarrollo Agropecuario capaz de agregar valor sobre nuestros
recursos naturales (dejar de exportar proteínas vegetales y exportar
proteínas animales), generar empleo, repoblar el interior facilitando el
acceso de nuevos productores a la tierra, reforestar las zonas devastadas
por la sojización, sanear las regiones infectadas por el uso de químicos
de toda naturaleza y devolver a las comunidades aborígenes las tierras que
le robaron en las últimas décadas.
C. Lozano, economista, es
diputado nacional en Argentina. Durante largo tiempo integró la CTA
(Central de los Trabajadores de Argentina). Publicado originalmente por
ArgenPress.info el 28 de marzo 2008. Se reproduce en
abril de 2008 en SoberaniaAlimentaria.com con fines informativos y
educativos.
. |